Ing. Enrique Cossich
Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico

No debe bastarle al gobierno poner a disposición de la población los servicios digitales. No agrega valor a la interacción entre el ciudadano y el funcionario si no son utilizados.

Para ello es necesario reforzar las capacidades de las personas para acceder y utilizar dichos servicios.

Por lo primero que hay que comenzar es por la promoción de la inclusión digital. La exclusión digital es resultado de diversos factores o la combinación de ellos, el primero a considerar es el económico: las comunidades pueden tener sistemas de conectividad pero el costo de acceso es tal que resulta prohibitivo para segmentos de ciudadanos, especialmente aquellos viviendo en condiciones de pobreza o extrema pobreza. 

El siguiente factor es la escolaridad: los bajos niveles de educación de las personas provocan desconocimiento de los avances tecnológicos y los medios asociados a los mismos o los encuentren complicados de usar y por ella optan por continuar usando la modalidad presencial y así mantener un alto costo de gestión ante la administración pública.

La exclusión digital también se da por factores de localización geográfica: existen ciertas áreas en las cuales los proveedores comerciales de conectividad no encuentran incentivo en desarrollarla debido a sus elevados costos, condiciones geográficas o simplemente sus análisis de costo beneficio les indica que los favorecidos no generarán los siguientes ingresos a la compañía que justifique las inversiones.

Finalmente hay que tomar en cuenta el factor edad. Un número considerable de personas de las nuevas generaciones nacen en un ambiente digital amigable al cual se adaptan rápidamente, lo que no sucede con las generaciones de sus padres o abuelos.

Es por ello que el gobierno debe ser creativo en el sentido que todos los servicios digitales diseñados para ser utilizado por personas de edad elevada deben ser lo suficientemente sencillos para que no representen una barrera.

Ese concepto es igualmente importante para jóvenes de baja escolaridad, los cuales tendrán desventajas comparados con aquellos quienes alcanzaron un grado de escolaridad suficientemente elevado que les permite comprender y hacer uso de las tecnologías para mejorar sus gestiones con el gobierno.

Ing. Enrique Cossich
Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico

La recientemente aprobada y publicada “Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos” (Decreto 5-2021), fortalece el cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos trazados en la Política General de Gobierno 2020-2024,  el cual establece: “En cuatro años, Guatemala debe experimentar una transformación en la forma como el Estado responde a las necesidades de la población, logrando una mejora sustancial en los indicadores de la gestión pública” y fortalece su transparencia.

La Ley desarrolla el marco legal para un proceso permanente de simplificación de trámites administrativos y la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la forma como el gobierno atiende al ciudadano en la resolución de sus trámites.

Uno de los beneficios de la citada Ley es la claridad de reglas.  Al poder presentarse los requisitos en forma electrónica, los sistemas que se desarrollen para su proceso serán los que verificarán automáticamente los mismos y como consecuencia el interesado pueda ser notificado en un lapso sumamente corto si su documentación está en regla o no.

Otro beneficio es la reducción de costos y tiempos. Actualmente los interesados deben realizar sus trámites de forma presencial y al poder presentar su documentación en formato electrónico, bastará con agregar los documentos en su computadora al proceso, lo cual le reduce los costos asociados a fotocopias que usualmente integran los expedientes físicos.  La ley ayudará a ordenar el proceso administrativo del gobierno. Obliga a una coordinación electrónica y más rápida entre instituciones.

Se obliga a un proceso de revisión y simplificación de requisitos, lo cual quiere decir que cualquier requisito sin sentido y que no agrega valor al proceso, debe ser desechado. La ley específica que se deben tomar en consideración las sugerencias y necesidades de los ciudadanos en el proceso de modificación de los trámites administrativos.

Finalmente, esta ley tendrá una incidencia favorable en la competitividad del país, ya que Guatemala se ha quedado rezagada en ofrecer medios electrónicos para que quienes deseen hacer negocios tengan acceso a herramientas que otros países les facilitan.

Además, las empresas nacionales apreciarán una reducción de sus costos de interacción con el gobierno por lo que serán más competitivas y podrán generar más empleos. Con la implementación de servicios electrónicos se reducirá la burocracia y se genera mayor transparencia.